La defensa del empresario había solicitado esta medida pero el juez declaró "abstracto" el pedido.
El juez Julián Ercolini declaró "abstracto" el pedido de eximición de prisión que presentó la defensa de Cristóbal López ayer por la tarde, cuando aún no se entregaba a la Justicia.
"Al presentarse voluntariamente a la prisión este pedido ya no tenía sentido, no había decisión judicial que tomar al respecto", señalaron a Clarín fuentes judiciales.
Se entregó Cristóbal López luego de su procesamiento con prisión preventiva https://t.co/tIEwi9ghiH pic.twitter.com/8CQALGLSEY
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López estuvo ayer siete horas en carácter de prófugo hasta que después de la medianoche se entregó en el edificio Centinela. Después de ser procesado junto a Fabián De Sousa, personal de Gendarmería se dirigió al edificio en Puerto Madero donde residen. Allí quedó detenido su socio, pero durante horas, la Policía buscó a López.
En dicho contexto su abogado Carlos Beraldi presentó ayer un pedido de eximición de prisión cuando ya se había ordenado la captura de López.
Violenta agresión a cinco personas en el barrio Villa Raquel https://t.co/CSnLlwyuEu
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Esta tarde el juez Ercolini consideró que no era "el recurso para resolver la situación" ya que el dueño de Indalo se "presentó voluntariamente a la detención". Por ello, planteó que era "abstracto el pedido" y que "no había decisión judicial que tomar al respecto".
Fue después de la medianoche que acompañado de su abogado, Carlos Beraldi, el empresario K se entregó en el edificio de Gendarmería. Allí se le hizo un primer chequeo médico, y se le proporcionó la medicación habitual que toma.
Esta mañana, López fue trasladado al Hospital Penitenciario Central (HPC) del Penal de Ezeiza, donde es sometido a diversos estudios médicos y al habitual control de riesgo que se le realiza a cualquier presidiario. Por su lado, su socio quedó alojado en el HPC del penal de Marcos Paz, donde también se le realizan estudios de rutina.
El empresario kirchnerista quedó detenido por orden del Juez Julián Ercolini tras ser procesado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta por no pagar a las AFIP 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. Se le trabó un embargo de $ 17.000 millones al igual que a De Sousa.